Rechazamos la Ley de Paridad: el posicionamiento del PLU frente a las eventuales medidas antidemocráticas

Por Juan José Crai.

Algunas encuestas de dudosa procedencia muestran que, casi la mitad de la población en Uruguay apoya la aprobación de una ley de paridad para abordar las presuntas desigualdades entre el hombre y la mujer en el Parlamento. La vicepresidente Beatriz Argimón ha anunciado que la Comisión del Senado analizará el proyecto presentado por Gloria Rodríguez. Preocupada ya que, la próxima contienda electoral revela una aparente disparidad, con solo tres de las 17 precandidaturas encabezadas por mujeres. Uruguay tiene uno de los parlamentos con menor participación femenina, ubicándose en el puesto 96 en el ranking de la Unión Interparlamentaria, con solo el 23% de mujeres en el Parlamento.

Pero, ¿es realmente un problema? ¿El Estado debe intervenir para asegurar una representación equitativa basada en lo que tenemos entre las piernas?

La Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado está debatiendo un proyecto de ley de paridad desde marzo de 2021, presentado por la senadora Gloria Rodríguez del Partido Nacional. Este proyecto ha generado controversia en año electoral, promoviendo la causa de la mujer, lo que sugiere un posible beneficio político detrás de la iniciativa.

La vicepresidente, Beatriz Argimón, feminista declarada, siempre apoyó la ley de cuotas y considera que una ley de paridad es necesaria para garantizar la igualdad de género en la política uruguaya. Pero esta iniciativa no es originaria de Uruguay, sino que está respaldada por organismos internacionales que promueven la igualdad de género y el empoderamiento femenino desde afuera. Los políticos pretenden subirse pronto a la ola wokeana, y más en año electoral.

Sin embargo, desde una perspectiva libertaria, esta legislación plantea preocupaciones sobre la intervención estatal en los procesos democráticos y la restricción de la libertad individual. Es crucial abordar este debate desde una perspectiva que respete la igualdad ante la ley, como los principios de libertad individual y democracia.

La libertad individual es un valor supremo. Reconocemos la igualdad de derechos para todos los individuos, independientemente de su sexo o género, y bajo esta óptica, la Ley de Paridad en el Parlamento es un claro ejemplo de intervención arbitraria, que socava la autonomía de los partidos políticos y coarta la libertad de elección de los ciudadanos.

En primer lugar, la imposición de cuotas de sexo de Gloria Rodríguez va en contra de los principios de meritocracia y competencia libre. Las decisiones sobre quiénes deben ocupar cargos legislativos deberían basarse en la capacidad, el compromiso y las propuestas de los candidatos, y no en el sexo. Los órganos sexuales o el género de cada individuo son cosa privada, y no debería influir en la selección para un cargo político.

La obligación de cumplir con una cuota según el sexo distorsiona el proceso democrático al privilegiar la identidad sobre la competencia, creando incentivos perversos que pueden conducir a la selección de candidatos menos calificados simplemente para cumplir con exigencias impuestas por el Estado y caprichos de minorías radicalizadas.

Además, la Ley de Paridad socava la libertad de asociación al imponer restricciones a la forma en que los partidos políticos organizan sus listas de candidatos. Los partidos deberían tener la libertad de determinar sus propios procesos internos de selección de candidatos, sin interferencia estatal. La imposición de cuotas de sexo coarta esta libertad, obligando a los partidos a ajustar artificialmente sus listas para cumplir con las exigencias impuestas desde arriba, en lugar de reflejar verdaderamente las preferencias y valores de sus miembros y electores.

Desde el PLU, aborrecemos la intervención estatal injustificada en los procesos democráticos y las restricciones a la libertad individual. Abogamos por la autonomía de los individuos y los partidos políticos. La verdadera igualdad no se logra con discriminación positiva, mediante la imposición de cuotas. Esto trivializa los propios logros de las mujeres e insinúa que necesitan ayuda adicional. Por lo contrario, reconocemos las capacidades y los logros individuales de las mujeres y creemos que por sí solas pueden llegar donde se propongan.